· MANOLO SARMIENTO*: La ley de televisión y la cultura

*Documentalista. Fundador de la Corporación Cinememoria. Director del Festival de Documental “Encuentros del Otro Cine”.

Propongo que nos preguntemos: ¿cual fue la política cultural de la “larga noche neoliberal”?
La política cultural del Estado ecuatoriano durante la “larga noche neoliberal” consistió en una sola reforma legal: la reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión, dictada en 1975 por Guillermo Rodríguez Lara.

La ley de 1975 estaba a la altura del espíritu nacionalista y revolucionario de la época, es decir, era mala pero tenía una buena intención: consideraba que la radio y la televisión debían cumplir una función social y debían ser, cito la ley, “expresión del espíritu nacional”.
La ley fue reformada en 1992 y 1995 en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Estas reformas, dicho de modo muy sencillo, consagraron la virtual perpetuidad y gratuidad de las concesiones comerciales de radio y televisión, las liberaron de toda posible regulación en lo que respecta a sus contenidos y configuraron el actual universo simbólico al que tenemos acceso los ecuatorianos: una televisión que está por entero en manos de sus anunciantes, amos y señores que dictan lo que podemos ver a diario.

Sería largo examinar pormenorizadamente los cambios introducidos a la ley en 1995, pero sin duda sería divertido y esclarecedor. A cada paso salta a la vista la intención grotesca de convertir a la ley en una alfombra.

¿En nombre de qué se hizo esta reforma? En nombre de la libertad de expresión, claro está. La libertad de expresión de los concesionarios de radio y televisión.

Digo que esta reforma definió la política cultural de la larga noche neoliberal porque definió la manera como se maneja y controla el audiovisual, soporte fundamental y privilegiado de la cultura contemporánea. Tal vez debería añadir que la larga noche neoliberal también tuvo el encargo de nunca aprobar la ley de cine. Pero eso es otro cuento.

Miren ustedes la claridad política de los neoliberales: el audiovisual es un negocio, el audiovisual no es un servicio público, el audiovisual es un espacio de lucro, no es un espacio de comunicación. Tenemos así que el mayor o menor grado de contribución de las estaciones de televisión a la educación y al desarrollo depende exclusivamente del sentido de responsabilidad social de su dueño. Está en sus manos decidir, por ejemplo, con cuanta publicidad nos castiga cada hora, cuantas horas de documentales para la juventud exhibe, cuantas horas de entretenimiento o de producción nacional independiente programa. La ley consagró el criterio, y la sociedad lo asumió sin beneficio de inventario, de que todo aquello cae dentro de la libertad de expresión del concesionario.

Reformar la ley de radio y televisión fue la gran medida de política cultural del Estado ecuatoriano en los últimos veinte años. Con eso bastó. Una vez hecho esto, el Estado neoliberal podía darse el lujo de encargar la gestión de la cultura a cualquier artista de buena fe, soprano, pintor o novelista, poco importa. Cualquier cosa que hiciera, sería insignificante y, ciertamente, nunca saldría por televisión. Un axioma sencillo se instaló en nuestro imaginario: la televisión es negocio y la televisión no es cultura. La cultura es otra cosa en el imaginario neoliberal ecuatoriano: la cultura es “la casa de la cultura”. Una especie de feudo, de parcela inofensiva. Un edificio con muchos teatros. La izquierda, representada casi siempre por un escritor o un arquitecto, se dio gusto organizando eventos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Eso es lo que yo llamo tener una política cultural definida. Me gustaría mucho que de la asamblea constituyente naciera una política cultural así de clara, así de precisa.

Frente al axioma que quiere que la televisión es negocio y no es cultura, tenemos que decir que la cultura es antes que otra cosa comunicación, diálogo, intercambio, y en un segundo momento, resultado del anterior, la cultura es memoria. Si la cultura es comunicación y es memoria, tenemos que concluir que el eje de una política cultural que se proponga retomar esas dos palabras, comunicación y memoria, debe ser el audiovisual. Dicho de otro modo, si la política cultural del neoliberalismo fue la comunicación, por vía de la absoluta desregulación del audiovisual, una nueva política cultural debe ofrecer, para decirlo en términos que los amigos social cristianos entiendan, más comunicación, más memoria. Por ende, más audiovisual.

Y aquí hay otras dos palabras claves. Son las palabras producción audiovisual independiente.

¿Cuántas horas de contenido audiovisual independiente produjo el Ecuador el año pasado? ¿Diez, quince, sesenta horas? Una nimiedad en todo caso frente a las veinte mil horas de televisión que fueron transmitidas. ¿Cuántas fueron producidas por los propios canales sin contar el fútbol y las noticias?

No es, por lo tanto, un canal de televisión del Estado lo que necesitamos. Necesitamos garantizar el acceso igualitario al espectro radioeléctrico, acceso que la actual constitución consagra pero que la ley vulnera, y que permita el aparecimiento de muchos nuevos canales de televisión de servicio público que no tengan como fin el lucro sino la generación de contenidos y la comunicación de estos contenidos. Necesitamos que los usos comerciales del espectro radioeléctrico estén equilibrados con los usos no comerciales, y necesitamos que toda la televisión ecuatoriana, la comercial y la pública, se abra a los contenidos locales e independientes y se comprometa con el desarrollo educativo. Y por último, necesitamos que la producción de esos contenidos se financie con los recursos que genera el propio mercado audiovisual. La televisión comercial ecuatoriana y la exhibición cinematográfica declaran ventas anuales por más de 160 millones de dólares. La rentabilidad que producen esas ventas debe generar los recursos que permitan el desarrollo de un sector audiovisual independiente.

A mí me gusta mucho googlear en el Internet, de modo que me van a disculpar que les lea un par de cosas que encontré este fin de semana y que son buenos ejemplos de lo que estoy proponiendo.

Miren este artículo de la Constitución brasileña de 1988. El primer cargo público del actual presidente del Brasil fue precisamente el de asambleísta constituyente en 1988.

Es el artículo 221. Dice así: “La producción y la programación de las emisoras de radio y televisión, atenderán a los siguientes principios:

“I Preferencia a las finalidades educativas, artísticos, culturales e informativas;

“II Promoción de la cultura nacional y regional y estímulo a la producción independiente que haga posible su divulgación;

“III Regionalización de la producción cultural, artística y periodística, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la ley;

“IV Respeto a los valores éticos y sociales de la persona y de la familia.”

Y el artículo 223: “Corresponde al Poder Ejecutivo otorgar y renovar concesiones, permisos y autorizaciones para el servicio de radiodifusión sonora y de sonidos e imágenes, observando el principio de complementariedad de los sistemas privado, publico y estatal.”

Hablar de un canal Estatal de televisión conservando la actual ley de televisión y los actuales principios que rigen la materia en la constitución no nos garantiza nada, como no sea el interés coyuntural de crear una instancia de inmunidad informativa para el gobierno y su partido.

Una política cultural que pretenda fortalecer la identidad, creatividad y cohesión cultural de los ecuatorianos no debería dejar a un lado el audiovisual. Es más, debería ser este su principal caballo de batalla. La forma en que está organizada y regulada la televisión en el Ecuador no garantiza ni el acceso igualitario al espectro radioeléctrico – pues las frecuencias no se asignan con arreglo a un concurso público sino que se entregan a petición de cada interesado – ni el pluralismo, ni la libertad de expresión, ni la independencia de la información, ni otras obligaciones constitucionales como la de contribuir al desarrollo educativo, porque los contratos de concesión no condicionan el servicio al cumplimiento de estos principios. Los concesionarios deben estar obligados a aportar al desarrollo de la producción de programas y de contenidos independientes. Debe ser una condición del ejercicio de la concesión.

Miren esto otro ejemplo que encontré. Son algunas cláusulas tomadas de un contrato de concesión de frecuencia de televisión en otro país:

“El canal de televisión velará porque los programas de información política y general que difunde sean realizados en condiciones que garanticen la independencia de la información, principalmente con respecto a los intereses económicos de sus accionistas. El canal informará a la autoridad sobre las disposiciones que tome para alcanzar este fin.”

“El canal de televisión invertirá obligatoriamente el 3,2% de sus ingresos netos en la producción audiovisual independiente conforme dispone la ley.”

“El canal de televisión ofrecerá programas destinados a la juventud en los días y horas en que el público joven esté disponible, representando un volumen anual no inferior a las 1000 horas. El canal de televisión consagrará anualmente un mínimo de 50 horas a los magazines y documentales destinados al público joven.”

“El canal de televisión difundirá cotidianamente al menos dos ediciones completas de noticieros. Estos programas de noticias no serán interrumpidos por publicidad. El conjunto de los programas de información política y de actualidad no será menos a 800 horas anuales.”

No es un contrato de concesión de la Venezuela de Chávez, aunque la Ley de Responsabilidad Social de los Medios de Venezuela trae algunas disposiciones parecidas. No. ¡Es un contrato de concesión a un canal de televisión privado de la muy neoliberal república francesa! Proponga usted esto, futura asambleísta Tania Hermida, y verá como en ese momento sí se van a enojar de verdad los concesionarios de televisión.

Si no hacemos esto, no estaremos cambiando nada. Los neoliberales lo tiene claro. El ministerio de cultura podrá gastar diecisiete, treinta, cincuenta millones de dólares… mientras no toque a la televisión de verdad, no con la amenaza de un pequeño canal de televisión Estatal, sino de verdad, obligando al conjunto de concesionarios a someterse a las reglas del servicio público, nada cambiará.

Cultura es comunicación y es memoria. Por ende, cultura es audiovisual.

Con respecto a la memoria, quisiera contar aquí cuánto me ha impresionado visitar la calle La Ronda en el Centro Histórico de Quito. No quiero criticar toda la buena intención que hay detrás de ese proyecto, pero sin duda ver a La Ronda convertida en una especie de marca registrada de la quiteñidad me ha deprimido. Yo vine a esta ciudad en 1985 cuando las manchas de orina que ahora el FONSAL ha limpiado comenzaban a impregnarse en los muros de esta calle. Ahora comprendo que en ese entonces ya todo estaba perdido. La Ronda es la lápida de la cultura urbana que las clases medias forjaron en esta ciudad en la primera mitad del siglo pasado. Es la prueba de que no quedó nada. Las clases medias, que acumularon y plasmaron una parte del saber y la identidad de esta ciudad, simplemente se olvidaron de todo. Se fueron al norte, se hicieron clases medias altas, y todo murió. Es muy curioso. Leyendo los cartelitos explicativos de las tradiciones de la calle La Ronda uno siente que está visitando Pompeya… una ciudad desaparecida hace dos mil años… Pero no, esta ciudad desapareció hace apenas cincuenta años, cuando nuestros padres eran adolescentes, cuando se confrontaron con la disyuntiva de ser o parecer.

A Quito, en este aspecto, le fue peor que a Guayaquil. La tarea de reconstruir el imaginario cultural de la ciudad, de darle cierta coherencia, empeño del FONSAL, es una tarea cercana a la cirugía plástica. La Ronda es como la nariz estilizada de Quito. Cirugía plástica, cuando lo que haría falta es un poco de terapia sistémica.

Digo esto porque pienso que es necesario que tomemos conciencia de hasta qué punto el Estado y la sociedad ecuatoriana han descuidado la memoria. La escualidez de nuestro sector audiovisual es un síntoma claro de ello puesto que el audiovisual es ante todo la posibilidad de articular una memoria visual y sonora, instrumentos capitales del patrimonio cultural en el siglo XXI. Digo esto porque la otra ley fundamental que tenemos que revisar, cuestionar y desmantelar es la Ley de Patrimonio Cultural, inspirada en las concepciones del patrimonio que fueron consagradas en la primera mitad del siglo XX. Si no hacemos algo al respecto, algo que se traduzca en masivos cuerpos de terabytes de memoria digital, donde se almacene el registro de nuestra comunicación presente, el fenómeno La Ronda se repetirá una y otra vez. Escribiremos poemas o haremos películas sobre esas reiteradas derrotas, ganaremos muchos premios en los festivales de cine, y allí quedará todo. El instituto de Patrimonio Cultural terminará siendo un Instituto de la cirugía plástica.

Según nuestra ley de Patrimonio Cultural, las charreteras de Sucre tienen estatuto de bienes patrimoniales en mayor grado que todo el cine ecuatoriano de la última década. Según el decreto de creación de la Cinemateca Nacional solo son patrimonio las imágenes cinematográficas con más de diez años de existencia… Ratas, ratones, rateros será patrimonio recién dentro de dos años. Veremos si todavía queda una copia en buen estado para entonces. La destrucción cotidiana del patrimonio audiovisual y radiofónico, por tanto, es un cataclismo autorizado por esa ley. La Cinemateca de la Casa de la Cultura, con todas sus bobinas, es un grano de arena frente a todo lo que se pierde cotidianamente y frente a todo lo que se ha perdido en estos veinticinco años.

¿Puede una ley orgánica de cultura cambiar estas cosas?, ¿salvar a las ciudades ecuatorianas del olvido de si mismas?, ¿salvar al campo y a los campesinos ecuatorianos del olvido de si mismos?, ¿devolvernos algo de memoria colectiva, algo de tradición oral? Lo repito: sin la televisión, sin el audiovisual, eso será imposible.